RESIDENCIAS

La Diputación también elimina el reconocimiento de deuda para facilitar el acceso a este servicio
26 de Febrero de 2009
En Tuenti
CerrarEnvía la noticia

Rellena los siguientes campos para enviar esta información a otras personas.

* campos obligatorios
Cerrar Rectificar la noticia

Rellene todos los campos con sus datos.

* campos obligatorios
La vivienda habitual ya no se tendrá en cuenta a la hora de determinar el precio que deben pagar los mayores vizcaínos para acceder a una residencia foral. Junto a la eliminación del reconocimiento de deuda, es una de las principales iniciativas impulsadas por la Diputación con el objetivo de flexibilizar los requisitos y agilizar los trámites que regulan la utilización de este servicio. Medidas que fueron aprobadas en el Consejo de Gobierno del pasado martes y que, en términos generales, permitirán «acomodar» la normativa foral a la nueva Ley vasca de Servicios Sociales, una ambiciosa regulación que identifica este tipo de prestaciones como derechos exigibles por los ciudadanos.
 
Para cumplir estos compromisos -entre los que también se incluye una nueva reducción del tiempo de espera para ingresar en un centro residencial-, el Departamento de Acción Social ha decidido modificar dos decretos forales. Uno de los más significativos es el que atañe a la valoración del patrimonio, sobre todo por la intranquilidad que había generado en muchas personas en un contexto de creciente envejecimiento poblacional. En la actualidad, existen en Vizcaya 214.000 personas mayores de 65 años.
 
A partir de ahora, se eliminará la primera vivienda a la hora de determinar los bienes del usuario, salvo que, según puntualiza el Gobierno vasco, se trate de un inmueble «suntuario», un concepto que está todavía «por determinar». Pero hay más novedades: no se tendrán en cuenta las «ventas o donaciones» realizadas en los últimos cinco años, como ocurría hasta ahora. Con este nuevo decreto -que también contempla la posibilidad de que sean ingresados en residencias personas de entre 50 y 60 años que tengan reconocida una situación de dependencia-, la Administración sólo indagará en los movimientos financieros realizados en los últimos doce meses.
 
65 euros al día
De esta manera, el precio que los usuarios deberán pagar por una plaza residencial -que en la actualidad llega a un máximo de unos 72 euros al día (unos 2.200 al mes)- se establecerá mediante un cálculo proporcionado. Esto es: a los ingresos ordinarios, que muchas veces se limitan a pensiones, se sumará un 5% adicional relativo al patrimonio particular del solicitante, siempre excluyendo el piso habitual. En todo caso, ningún usuario, incluidos los que disponen de rentas altas, pagará más del 90% del coste del servicio (unos 65 euros al día). La Diputación siempre asumirá un 10% del mismo, explicó ayer el máximo responsable de Acción Social, Juan María Aburto.
 
Este sistema de pago está relacionado con otra medida de calado, la eliminación del reconocimiento de deuda a favor de la Diputación. En vigor desde el año 2005, esta normativa afectaba a aquellas personas o familias que dejaban de pagar el servicio que tenían asignados. Durante este tiempo, había afectado a «pocas familias» y sólo se había ejecutado a petición de los herederos. En cifras, la Administración había recibido unos 400.000 euros. En este sentido, Aburto quiso lanzar un mensaje de «tranquilidad» a aquellas familias que ya han pagado por este concepto y a aquellas que han contraído la deuda ante notario (más de 1.000). El diputado explicó que la institución foral planea eliminar esta medida con carácter retroactivo; es decir, pretende devolver el dinero a todos aquellos que ya hayan pagado. Del mismo modo, no ejecutará los avales firmados en los últimos años. Aburto adelantó que espera que el pacto alcanzado con el PSE para la aprobación de los presupuestos de 2009 les permita también alcanzar un acuerdo para retornar el dinero a las familias.
Más noticias sobre…

Residencias, Tercera edad



Vocento

Creacion paginas web