"En los últimos años asistimos con preocupación a diferentes polémicas relacionadas con la ubicación de determinados servicios de atención social para personas en situación de exclusión social. La más reciente ha sido la suscitada en torno al traslado del Centro Onartu al barrio de Txurdinaga de Bilbao. Ante esta situación, y más allá de este conflicto concreto, las personas y entidades abajo firmantes sentimos la obligación de transmitir, por el presente manifiesto, un mensaje en favor de la construcción de una ciudad más abierta y solidaria, así como un emplazamiento a instituciones públicas, agentes y organizaciones sociales y a la ciudadanía misma, a trabajar conjuntamente para impulsar en nuestra sociedad valores positivos que favorezcan la inclusión social.

La calidad de vida de una ciudad no puede existir si no se garantiza el bienestar social y el respeto de los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su origen, procedencia o costumbres, y, especialmente, de los de aquellas personas que sufren la marginación y la exclusión social. Nuestros barrios, nuestras ciudades, no pueden configurarse dejando de lado a aquellas personas que por razones diversas y como consecuencia de nuestro propio modelo de sociedad y de desarrollo, viven en una situación de marginación y exclusión.

Consideramos que es prioritario abrir a todos los barrios, pueblos y ciudades los proyectos sociales y las propuestas alternativas dirigidas a los colectivos que sufren la exclusión, promoviendo una convivencia más solidaria y más responsable entre sus propios ciudadanos y ciudadanas. Una sociedad que sabe detectar los problemas que ella misma genera y que sabe dar respuestas a ellos positivamente, es una sociedad más respetuosa y más habitable para todas las personas que la conforman.

Todas las personas debemos estar dispuestas a acoger en nuestros barrios los recursos e iniciativas sociales que se precisen, desde los valores propios de la solidaridad, la corresponsabilidad social y el respeto a los derechos de los otros y otras. De esta manera estaremos construyendo un barrio y una ciudad cada vez más justa e integradora.

La responsabilidad en esta tarea, recae en primera instancia en las instituciones públicas, que tienen el deber y la obligación de proveer los recursos sociales precisos para cubrir las necesidades básicas de los colectivos más desfavorecidos, así como garantizar que dichos recursos puedan desarrollarse de la manera más racional, óptima y eficaz posible. Así mismo, deben responsabilizarse, junto con otros agentes sociales, de informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre políticas e iniciativas sociales que persiguen la cohesión social y la mejora del bienestar de toda la sociedad.

Las presiones de determinados grupos vecinales que defienden intereses particulares, amparados en ocasiones en la inhibición de las instituciones, pueden dar al traste con políticas sociales necesarias. La apertura o el cierre de recursos y centros sociales, así como la política social de un ayuntamiento en materia de bienestar social, tiene que depender de la planificación eficaz y de la razón sosegada y no de estados coyunturales que puedan ser instrumentalizados para crear alarma social.

Las organizaciones sociales no lucrativas que, en buena medida, son corresponsables de la apertura y mantenimiento de estos servicios sociales, son herramientas imprescindibles de las que la propia ciudadanía se ha dotado, no ya para atender o prestar solamente un determinado servicio, sino para construir un tejido social más cohesionado, desde la defensa de los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas a quienes les son negados, y desde la promoción de valores relacionados con la corresponsabilidad, la solidaridad y la inclusión social.

Por todo ello, las personas y entidades abajo firmantes, coincidiendo con el inicio del 2010, –declarado Año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social–, defendemos todas aquellas iniciativas que promuevan una ciudad más abierta e integradora. Defendemos la continuidad de los recursos sociales ya existentes y no renunciamos a nuevos proyectos que puedan ir surgiendo desde las diferentes necesidades sociales. Mostramos, en definitiva, nuestro compromiso ético, social y político con la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Manifiesto presentado públicamente en Bilbao el 3 de marzo de 2010, firmado por más de 2000 ciudadanos y ciudadanas, así como por disrtintas organizaciones sociales, políticas, sindicales y vecinales.